La 4T logró cambios hondos en su primer sexenio presidencial. La revolución salarial, el hundimiento de la pobreza, el resurgir de la política industrial, la expansión de programas sociales y un sinnúmero de políticas acompañaron las palabras con actos. Y sin embargo, quedan mundos por hacer y músculos por activar en el elefante reumático. Uno de los grandes pendientes es la apertura del sistema financiero. Una transformación de la vida pública nacional que aspira a la democratización plena y a la redistribución amplia que deje intactos a los bancos heredados estaría condenada a la incompletud.

La banca en México es una limitante al crecimiento económico con bienestar. Un informe del Banco Mundial (2022) puso a la subpenetración bancaria como uno de las principales amarras de la productividad estancada por décadas.  La capacidad limitada para canalizar recursos a las empresas más productivas y a las retadoras de mercados concentrados resta dinamismo económico, y la falta de competencia es un lastre sistémico. A diferencia de los Estados Unidos, donde ningún banco puede amasar más del 10 por ciento de los depósitos, BBVA capta solo más del 20 por ciento en la banca multinivel. Además, contra la normalidad internacional, cinco de los seis bancos que controlan tres cuartos de los depósitos en México son foráneos.

La hiperconcentración bancaria tiene varias explicaciones. De particular peso histórico son las crisis de los años ochenta y noventa del PRI que empujaron al sistema a nacionalizaciones, privatizaciones, quiebras y rescates como el Fobaproa-IPAB, provocando la desconfianza de los usuarios en la seguridad de sus depósitos y de las empresas en el crédito como alternativa de crecimiento. Otros motivos fueron la consolidación para atraer inversión extranjera directa y los bandazos regulatorios que elevaron las barreras de entrada al repetir actores en todos los niveles y aceptar sin mayores condicionantes fusiones y adquisiciones.

Los usuarios son presa de sobrecostos por competencia inexistente o simulada. Un informe de la Condusef (2018) encontró que las comisiones en México representan el 30 por ciento de los ingresos totales de la operación bancaria. Para los dos bancos españoles más grandes en México, BBVA y Santander, la cifra se aproxima al 40 por ciento cuando la matriz ronda el 20 por ciento. En el grueso de los municipios, la estructura de mercado es monopólica.

La base de datos Global Findex del Banco Mundial pone de relieve las causas de la baja penetración bancaria. A diferencia de países como Brasil y Chile, más de la mitad de los mexicanos no tenían una cuenta en una institución financiera en 2022, atribuible a las altas comisiones y a la desconfianza que inspira el sector por abusos, fraudes, desatención al cliente, corruptelas como las de Monex o controversias fiscales como las de Banco Azteca (Grupo Salinas). La vara baja y una coyuntura cambiante abren ventajas de oportunidad.

Si bien perdura la cerrazón, los últimos años registran la disrupción de nuevos actores. Los bancos digitales crecen a tasas impresionantes por estructuras delgadas de costos y comisiones, mayor tolerancia al riesgo y comodidad de registro y uso. Nombres como Nu (Brasil), Klar (México), Stori (México-China) y Didi (China) añaden servicios de tarjeta de crédito y caja de ahorros bajo regulación de Sofipo o Sofom, mientras que otros como Mercado Pago (Argentina) y Revolut (RU) esperan licencia bancaria en México. Spin de Oxxo y Cashi de Walmart también alcanzan tramos desatendidos como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), mientras que el Banco del Bienestar y Financiera para el Bienestar articulan los programas sociales y las remesas a cuentas de ahorro. El resultado conjunto es que el país pasó de un 37 por ciento de penetración financiera en 2017 al 49 por ciento en 2022, cifra que mejoraría en 2024 por la reducción de pobreza, el cambio tecnológico y las iniciativas de gobierno. Pero hay amplio espacio de mejora.

No existe un modelo único para detonar competencia, pero sí un menú de buenas prácticas. Por ejemplo, un banco estatal fuerte como Banco del Estado en Chile, Banco do Brasil, Banco Nación (Argentina) o Banco República (Uruguay) puede elevar estándares y romper la cartelización; en el caso argentino, Banco Provincia o Banco Ciudad no podrían existir en México por la prohibición de bancos públicos a nivel subnacional. Por otro lado, conseguir una licencia bancaria es tan engorroso que la mayoría de retadores prefiere comprar una existente para acortar tiempos, como recién lo hicieron Ualá (ABC) y Kapital (Autofin); reducir las barreras de entrada es un imperativo. Es también aconsejable revisar la estructura de comisiones, bajar los umbrales de los índices de competencia para vetar o condicionar fusiones y adquisiciones, establecer máximos de concentración de depósitos en torno al 15 o 20 por ciento y dar un periodo razonable para obligar la desinversión a mercado en alguna unidad de BBVA, además de prevenir el agigantamiento de Santander y Banorte. Finalmente, la masificación de la plataforma Cetes Directo y la extensión del programa Internet para Todos empoderarían al usuario por vías indirectas. Todas las anteriores son flechas al aire que pueden complementarse con una consulta sectorial amplia.

Si México pretende retornar a tasas de crecimiento y productividad elevadas, reformar la banca es aduana ineludible. Cualquier modificación al entramado regulatorio, ya de golpe ya paulatina, demanda primero un diagnóstico certero y socializado al público. Son millones los usuarios que favorecerían una transformación del sistema bancario, y varios de los retadores y participantes de mercado podrían secundar una apertura real por las oportunidades en juego. En el entretanto, el compromiso 23 de la presidenta Sheinbaum y la activación de conciencias mediante la conferencia matutina es buen punto de partida.

Mario Campa

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Mario A. Campa Molina (@mario_campa) es licenciado en Economía y tiene estudios completos en Ciencia Política (2006-2010). Es maestro (MPA) en Política Económica y Finanzas Internacionales (2013-2015) por la Universidad de Columbia. Fue analista económico-financiero y profesor universitario del ITESM. Es planeador estratégico y asesor de política pública. Radica en Sonora.

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